Aplaudo el combate a la corrupción y el
castigo correctivo a los criminales por parte de las autoridades legalmente
constituidas, mas no así el espectáculo propiciado por los medios de
comunicación dedicados a hacer leña del árbol caído antes de que un juez
dictamine la comisión del presunto delito.
En el caso de la maestra Elba Esther Gordillo
Morales era inevitable la algarabía desatada en la sociedad mexicana, pues la
maestra es uno de los pilares emblemáticos de la partidocracia, poco faltó para
verla integrada al Escudo Nacional, digo esto sin soslayar que –alegóricamente–
la maestra está liándose con «Águila», término elucidario que designa al presidente
de la república, cuya enérgica iniciativa, a propósito, otorga una renovada
autoridad moral a la institución presidencial.
El negrito
del arroz es la filtración a los medios informativos, vía twitter, de la ficha
signalética de la maestra, lo cual sí es
falta grave a los Derechos Humanos, quedando maculado –debido a este infame
hecho– el proceso legal que enfrenta; esto, de conformidad con el criterio
aplicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la
tan bella como peligrosa Florence Cassez.
Desconozco la legislación correspondiente,
pero no parece clara la intervención del gobierno en la fiscalización de los
recursos del sindicato. No es dinero procedente de las arcas públicas. La
Auditoría Superior de la Federación (ASF), que sería la indicada para
intervenir en este asunto si la pecunia fuese del fisco, no tiene la facultad
de emitir un dictamen respectivo, pues afectaría a la autonomía sindical
violando la Constitución y tratados internacionales que México ha signado.
Reitero, es mi opinión indocta, nunca he estado afiliado a sindicato alguno.
Es común y recurrente, con fines lucrativos,
la exhibición de casos polémicos por parte de los medios periodísticos y de
entretenimiento; ello es lamentable porque en estos reportajes siempre hay
víctimas de difamación, independientemente de su culpabilidad o inocencia, en los
diversos casos presentados por la prensa y televisión sensacionalistas; así
como también una explotación de la imagen de los protagonistas del supuesto
escándalo mediático, la cual no es retribuida pecuniariamente como se debiera
hacer.
Esta es la cuestión que sugiero, un pago
justo a cargo de las televisoras y la prensa escrita por la explotación de la
imagen humana cuando las personas exhibidas no hayan convenido publicar su
imagen de manera gratuita. No pretendo que los medios paguen a la maestra los
derechos de explotación de imagen, esto sería absurdo y ridículo, ella es
figura pública y además ‘donataria’ multimillonaria, según se observa.
La sugerencia deriva no tanto de una
ocurrencia sino de una genial idea al ver los programas deportivos de
televisión, donde la imagen de algunos uniformes deportivos es difuminada por
el editor antes de salir a cuadro para no promocionar, indirectamente, la
respectiva marca patrocinadora de los deportistas, entendiéndose con esto una justificada
intención mercadológica de las televisoras.
Por lo mismo, más importante que el logotipo
de cualquier marca comercial es la imagen de las personas, propiamente dicho,
cuya explotación –convenida o indirecta– merece retribución económica.
Habría
que legislar sobre este asunto, hay motivo para hacerlo; pero, tristemente,
algunos que debieran trabajar en esto andan más ocupados en el torito que en sus labores congresistas.
Es la partidocracia, ni modo, ¿qué vamos a hacer?
